El racismo y la intolerancia que vuelven

El ministro de Inmigración francés, Eric Besson, se quejaba ayer mismo de la simplificación e incluso posible manipulación informativa que, a su juicio, se estaría haciendo de la reciente decisión de Nicolas Sarkozy de desmantelar todos los poblados ilegales que hay en su país, unos 300 en total, y de la decisión de expulsar de Francia a quienes no disponen de permisos de trabajo o promover el retorno voluntario de los habitantes de dichos poblados -personas de etnia gitana en su práctica totalidad- a su país de origen, Rumanía y Bulgaria esencialmente. Es posible que en algún caso concreto se haya podido producir, efectivamente, algún exceso verbal injusto contra el actual Gobierno de Francia, al que se ha acusado de racista o incluso de llevar a cabo una política de deportación semejante a la practicada por los nazis contra los judíos y los gitanos en los años treinta del pasado siglo, lo cual, evidentemente, no es comparable en absoluto, y, además, es rotundamente falso. Dicho esto, cabría recordarle sin embargo al señor Besson, que fueron su propio departamento y el de Interior los que el pasado mes de julio ligaron públicamente y de forma más o menos explícita el desmantelamiento de los poblados ilegales con la expulsión de personas de etnia gitana, quizás para lanzar un mensaje más o menos subliminal de “firmeza” a posibles futuros votantes, relacionando más o menos implícitamente delincuencia con una raza concreta o con personas que no son de nacionalidad francesa, mensaje del que quizás ahora dichos políticos se arrepienten, por su evidente carga de tendenciosidad y de racismo encubierto. En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó también ayer, con 337 votos a favor y 245 en contra, una resolución en la que se critican las citadas expulsiones y en la que se lamenta a la vez la posición poco beligerante que estaría teniendo la Comisión Europea en este caso. De haber sido yo eurodiputado, habría votado a favor de dicha resolución, al considerar que efectivamente se estarían vulnerando en la actualidad algunos de los artículos de la nueva Carta Europea de Derechos. En cualquier caso, reconozco que se trata de un asunto extremadamente complejo, ya que el desmantelamiento de poblados ilegales o irregulares se está llevando a cabo desde hace varios años, por gobiernos de todos los colores políticos, no sólo en Francia sino igualmente en otras naciones de la Unión, incluida también España. Estoy pensando ahora, sin ir más lejos, en nuestra propia ciudad, en Palma, y en el caso de Can Angelí, cuyo desmantelamiento se llevó a cabo, en mi opinión, de una forma correcta y acertada, intentando salvaguardar en todo momento los derechos de los ciudadanos que allí vivían, ofreciendo al mismo tiempo el apoyo de los servicios sociales y actuando además en coordinación con el Gobierno de Rumanía. De toda la actual polémica existente en torno a las expulsiones en Francia, lo que más me preocupa con diferencia en estos momentos son la mayor parte de comentarios que leo en las ediciones digitales de los distintos periódicos de nuestro país. Salvo admirables excepciones, sin distinción de ideologías, en dichos comentarios se criminaliza directamente a las personas de etnia gitana o a los inmigrantes, responsabilizándoles de forma exclusiva de situaciones que abarcan desde los problemas de convivencia hasta la delincuencia en todas sus posibles formas. Con un lenguaje casi siempre cruel, ofensivo y brutal, que supura odio, demagogia y racismo a partes iguales, se aprovecha la oportunidad de poder comentar la política de Sarkozy para arremeter contra las minorías por el mero hecho de serlo, aunque luego se añada casi siempre la coletilla de que quien dice esto no se considera racista. Pero por desgracia son el racismo y la intolerancia los sentimientos que alimentan esos comentarios, los que ponen siempre en peligro la libertad de todos, los que una y otra vez, y bajo mil formas, se hacen tristemente presentes y se reinventan.

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09 2010

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